EN EL NOMBRE DE ÁBALOS engagement report

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• Nov 29, 202517x their median

  No te rindas de Guillermo Mayer No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. . . No te rindas. Tabaré Vázquez en su despedida +•➤ https://t.co/hGoR8VdbV3 . .

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• Sep 12, 20267.6x their median

  #EnElNombreDeÁbalos | “Los empresarios del caso Mascarillas niegan pagos de mordidas por las adjudicaciones de Transportes”, vía @eldiarioes +•➤ https://t.co/Be9iIYGQaL Ayer, 11 de septiembre de 2026, han declarado ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, los empresarios Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, ambos vinculados a Víctor de Aldama y a la empresa Soluciones de Gestión que contrató con Puertos del Estado, ADIF, Ministerio del Interior y las comunidades autónomas de Baleares y Canarias la provisión de mascarillas para hacer frente a la pandemia de #COVID19 en 2020. Las declaraciones de ambos aportan ahora un testimonio y unas pruebas que no pudieron ser incorporados al juicio celebrado ante el Tribunal Supremo, en el que fui condenado. En aquel momento, ambos se acogieron a su derecho a no declarar al encontrarse investigados en la Audiencia Nacional, pese a existir una plena identidad de hechos, sujetos y pretensiones entre ambos procedimientos. La decisión del Alto Tribunal de fragmentar la unidad de la causa y someternos a un trato procesal desigual entre los investigados según el tribunal que nos juzga, ha provocado una situación tan absurda como injustificable y grave: quienes podían aportar pruebas esenciales no declararon ante el tribunal que dictó mi condena, mientras esas pruebas tan relevantes han aparecido posteriormente en el otro procedimiento sobre los mismos hechos y sin poder ser valoradas conjuntamente. La investigación y la instrucción sobre el mismo sustrato fáctico siguen abiertas y en curso —los contratos de mascarillas y la contratación laboral de Jésica Rodríguez—, mientras yo ya he sido procesado y condenado sin que dicha investigación haya concluido. De hecho, después de mi condena se han producido nuevas imputaciones en relación con la misma identidad fáctica. Esto evidencia una investigación fragmentada, en la que parece haberse priorizado juzgar personas y no hechos, justo lo contrario de lo que debería perseguir la búsqueda de la verdad judicial. Y todo ello pese a que, con la pérdida de mi aforamiento, podía haberse recuperado la unidad de la causa ante la Audiencia Nacional, donde aún hoy permanecen investigadas personas vinculadas a hechos idénticos por los que ya he sido condenado. Esto no es justicia: es una fractura procesal con consecuencias irreparables.

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• Sep 11, 20267.0x their median

  Se cumplen hoy 25 años de los atentados que cambiaron el mundo, cuando dos aviones comerciales impactaron contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Las imágenes de aquel 11-S no se ha ido del todo de nuestras retinas --> https://t.co/YpppPCEho1 https://t.co/ygivBcHiMj

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• Sep 24, 20265.4x their median

  #EnElNombreDeÁbalos | La Fiscalía Europea entra, la UCO pide bloquear y un patrimonio sin investigar: “EL CASO ALDAMA”. Dos años después, la UCO pide bloquear las cuentas de Víctor de Aldama en Portugal y rastrear más de 70 cuentas bancarias. Vía @La_SER +•➤ https://t.co/dL75jJsita Dos años después, se evidencia que había dinero por rastrear: se investigan 78,3 millones de euros transferidos a Portugal, 8,8 millones vinculados a empresas de Aldama y otros 14 millones cuyo origen aún no se ha aclarado. Y hay algo que resulta difícil de entender: cómo es posible que, a día de hoy, todavía no conozcamos un solo INFORME PATRIMONIAL sobre el “colaborador con la Justicia” Sr. de Aldama, cuando la UCO lleva más de dos años investigando la trama de los hidrocarburos y el Tribunal Supremo ya ha dictado una sentencia firme que le condena a cuatro años y medio de prisión por cohecho y organización criminal (aunque el tribunal suspendiera su ingreso). Estando formalmente condenado y con la denuncia sobre la mesa, caben las dudas de por qué las acusaciones y los Excelentísimos Señores Magistrados no han hecho con este "condenado" lo mismo que con los demás. Hay otro detalle, nada menor, que tampoco debería pasar desapercibido: buena parte de lo que ahora se conoce aflora a través de la #FiscalíaEuropea y de las órdenes de investigación cursadas a #Portugal. Parece que ha hecho falta mirar fuera para empezar a seguir lo que ocurría aquí dentro. Primero no se hace el informe patrimonial. Después se sigue el dinero a través de Europa. Y ahora, dos años más tarde, se intenta bloquearlo. Mientras tanto, nadie puede asegurar que quede algo que bloquear.

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• Aug 9, 20265.2x their median

  Ceuta : la vitrine marocaine se fissure Par @westernculturel https://t.co/LbCMe5S1J9

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• Sep 20, 20265.2x their median

  📺 TV en DIRECTO | Feijóo: "Vivir en España también tiene deberes. Revisaremos cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene y acreditaremos cómo se puede perder" https://t.co/OoptlDSWW0 https://t.co/5TgrObPqBR

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• Sep 15, 20264.5x their median

  #EnElNombreDeÁbalos | FRENTE A SU OBSESIÓN PERSECUTORIA: MI TRANSPARENCIA. Ante su fijación sistemática hacia mi persona y ahora por mi expediente académico, pongo las cartas sobre la mesa: aquí os cuento esta larga historia y publico las notas que a cierto personaje tanto le están costando averiguar. El 3 de abril de 2025, un individuo solicitó a la Universidad de Valencia acceso a mi expediente académico en la Facultad de Derecho. La Universidad, al tratarse de datos personales y amparados por la Ley de Protección de Datos, me requirió consentimiento expreso que, por supuesto, no otorgué. Tampoco me informó de la identidad del curioso que pretendía acceder a mi expediente. Entendió la Universidad, entonces, que no había interés público suficiente que justificara entregar esa información sin consentimiento y denegó motivadamente la solicitud: “aplicando los criterios de proporcionalidad, garantizando a nuestro entender, el equilibrio entre los derechos en conflicto”, expresaron en su dictamen. Pero el curioso, no satisfecho, recurrió ante el Consejo Valenciano de Transparencia y ahora he recibido la resolución que estima parcialmente su recurso. En concreto, el Consejo permite conocer los cursos académicos en los que estuve matriculado y si obtuve la licenciatura, grado o la antigua diplomatura de Derecho, pero se desestima, en cambio, el acceso a las asignaturas superadas. Y aquí llega lo interesante: gracias a esa resolución he conocido la identidad del curioso. Se trata del exfiscal y abogado colaborador del sindicato Manos Limpias, D. RAMIRO GRAU MORANCHO. Un personaje al que conozco bien por su obsesión persecutoria contra mí. En 2020 publicó un libelo contra mi persona, editado por él mismo. Lo demandé civilmente. El juez reconoció el exceso de su lenguaje, aunque finalmente desestimó mi demanda con una argumentación, a mi entender, inoportuna y me condenó en costas. Después me denunció ante el Tribunal de Cuentas por la famosa compra de mascarillas. La denuncia fue desestimada por la Sección de Enjuiciamiento, que descartó la existencia de malversación y consideró correcta la gestión denunciada. También acudió a la Fiscalía de Zaragoza, donde fracasó igualmente. Y volvió a intentarlo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los mismos hechos. En 2021, el Supremo desestimó su denuncia y archivó las diligencias incoadas por no estar “en presencia de una actuación y resoluciones administrativas injustas típicas del delito de objeto de la denuncia”. Cuatro de los magistrados que dictaron aquel archivo en 2021 han integrado, paradójicamente, el tribunal que acaba de condenarme en 2026: D. Manuel Marchena Gómez (entonces presidente de la Sala II del TS), D. Andrés Martínez Arrieta (actual presidente de la Sala II del TS), D. Andrés Palomo del Arco y D. Eduardo de Porres Ortíz de Urbina. Pero en 2022 el Partido Popular encontró otra vía: presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sin aportar, según consta, más información que la procedente de una serie de artículos de opinión (entre otros) y datos publicados previamente por el denunciante curioso, Sr. GRAU MORANCHO, pese a que ya existían los autos judiciales que habían rechazado sus anteriores iniciativas. A pesar de ello, la Fiscalía abrió diligencias en abril de 2022 y en septiembre de 2023, casi año y medio después, el fiscal de la Audiencia Nacional, D. Luis Pastor, presentó una querella, al tiempo que Núñez Feijóo fracasaba en su intento de ser presidente del Gobierno y pronunciaba aquello de: “No soy presidente porque no quiero”, en su propio debate de investidura. Mientras tanto, en paralelo a la denuncia del PP, el tal Sr. GRAU MORANCHO mantenía una correspondencia que, por su tono, resultaba cuando menos llamativamente cordial y confiada con el fiscal de la Audiencia Nacional. Y todavía hay más. GRAU MORANCHO intentó personarse en el procedimiento que afecta a Dña. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Fue entonces cuando pude conocer mejor al personaje que se escondía detrás de este justiciero y curioso solicitante: Por lo publicado, además de su vinculación con Manos Limpias, supe que RAMIRO GRAU MORANCHO fue miembro de FALANGE ESPAÑOLA y quizá ahí esté la explicación de su particular afición a la denuncia y al señalamiento. No es una comparación menor. El papel de Falange fue fundamental durante la sublevación franquista y la posterior represión con miles de asesinatos. Eran los encargados de mantener el orden público en los territorios ocupados; el informe de Falange siempre constaba en los procedimientos contra los encausados por no sumarse a la sublevación, atribuyéndoles toda clase de delitos; eran los denunciantes que identificaban a quienes había que eliminar; y un militante de Falange ejercía siempre la Secretaría de los Consejos de Guerra. Una tradición política que hizo de la delación, la estigmatización, la demonización y el marcaje instrumentos de represión y resulta, cuando menos, inquietantecuando se la relaciona con alguien que lleva años promoviendo denuncias en mi contra. Pero, dejando al margen su filiación política (profundamente incompatible con las libertades y con el Estado de derecho), hay un aspecto mucho más grave: su condena por el Tribunal Supremo en 2014 por “CORRUPCIÓN DE MENORES”. Además, fue también denunciado por sus alumnos de la Escuela de Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza por el trato que daba. GRAU MORANCHO no fue renovado. . . 26/11/2014 - @aragondigital / “El Supremo rebaja a dos años de cárcel la pena para el exfiscal sustituto condenado por corrupción de menores” +•➤ https://t.co/AMYffOQFGN 23/07/2024 – @El_Plural / “Un falangista condenado por abusos a menores: la última pieza del juez Peinado contra Begoña Gómez” +•➤ https://t.co/Gf5sQt7HxJ . . Así que, sinceramente, casi prefiero que continúe con su particular obsesión conmigo antes que dedicar su tiempo a actividades que le merecieron su condena. Y volvamos al origen de esta historia: mi expediente académico de Derecho. Para terminar, lo verdaderamente llamativo es el interés del Sr. GRAU MORANCHO por conocer mis estudios de Derecho cuando yo nunca he afirmado públicamente que sea licenciado o graduado en ello. De hecho, el propio Consejo Valenciano de Transparencia señala que, al consultar mis datos públicos del Congreso y del Portal de Transparencia, únicamente consta mi condición de maestro (antiguo profesor de EGB). Entonces, ¿qué buscaba exactamente en mi expediente? Y puesto que el Consejo Valenciano de Transparencia ha reconocido el carácter privado de parte de esa información, renuncio voluntariamente a esa privacidad y hago públicas las asignaturas de Derecho que he superado. Y para ahorrarle al curioso tantos esfuerzos por seguir investigándome, aquí expongo mis resultados, con la firme expectativa de que otros y OTRAS tengan el mismo valor de hacer lo propio.

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• Jul 22, 20261.9x their median

  #EnElNombreDeÁbalos | Gran tristeza la que me ha producido conocer, en la distancia, la muerte de David Lucas. Guardo un gran recuerdo de su persona y de sus cualidades; siempre atento y un gran servidor público. Su trabajo como secretario general de Agenda Urbana y Vivienda durante mi etapa como ministro de #MITMA es impagable. Siempre estuvo activo para integrar las políticas de urbanismo y vivienda; impulsar medidas que facilitasen una vivienda “digna y adecuada”, leyes para habilitar y garantizar los derechos habitacionales, preparar las bases para la posterior llegada de los fondos europeos orientados a la rehabilitación de edificios y entornos urbanos; pero, sobre todo, mi especial agradecimiento por su contribución a todas las medidas que pusimos en marcha para frenar los problemas provocados por la pandemia de #COVID19. En materia de Agenda Urbana, participó activamente en el impulso de protocolos, convenios y planes de acción local con ayuntamientos de toda España; lo mismo en cuanto a gobernanza colaborativa entre las entidades locales y distintos organismos, así como en la integración con los ODS de la #Agenda2030 y el Pacto Verde. Fue un gran impulsor de las políticas públicas. Compartiendo sentimientos con su doliente familia, les envío todos mis respetos y mis más sentidas condolencias. DEP

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• Sep 29, 20261.9x their median

  #EnElNombreDeÁbalos | El juez Pedraz estrecha el cerco y ordena a Portugal e Irlanda rastrear el dinero del #CasoAldama: 78 millones de euros en operaciones bajo investigación, cuentas en el extranjero, y movimientos vinculados a criptomonedas. Vía @Confilegal +•➤ https://t.co/82hscrBflm Acuerda una nueva batería de diligencias a instancias de la UCO y en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción. Que nadie intente taparlo ahora. Años blanqueando al personaje y convirtiéndolo en fuente privilegiada. Veremos quién lo cuenta ahora con el mismo interés, intensidad y tratamiento que han utilizado para contar otras causas.

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• Sep 20, 2026

  #EnElNombreDeÁbalos | LA CULTURA DE LA FILTRACIÓN El exdirector de la Guardia Civil, D. Leonardo Marcos, declaró el 10 de septiembre ante la Audiencia Nacional que, cuando llegó al cargo, se encontró con una “cultura de la filtración” en el Cuerpo. @eldiarioes +•➤https://t.co/F3JfdSx9ts . . Sus palabras dan contexto a algo que llevo denunciando desde el inicio de la causa por la que me han condenado a 24 años de privación de libertad: las filtraciones y revelaciones de secreto interesadas que he sufrido durante la investigación del llamado ‘Caso Delorme’ o ‘Caso Mascarillas’ (según quien lo juzgue). Esto obliga a hacerse una pregunta: ¿cuánto de lo que durante estos años se fue conociendo sobre mi caso llegó a determinados medios (siempre a los mismos) antes de llegar a las propias partes o incluso a la mesa del juez instructor? O, dicho de otra forma: ¿cómo se produjeron las filtraciones de elementos de la investigación que luego aparecieron en informes de la propia UCO, a veces días, semanas o meses más tarde? Y no hablo de una sospecha genérica ni de una filtración aislada ni puntual. Hablo de una sucesión de informaciones, fechas, documentos, correos, datos personales y profesionales, conversaciones privadas, fotografías particulares y familiares, y publicaciones concretas cuya difusión durante la investigación ha sido denunciada en varias ocasiones por mis defensas y cuya procedencia y forma de obtención deben ser esclarecidas en algún momento. No afirmo que esa circunstancia, por sí sola, demuestre quién realizó una filtración. Afirmo que la cronología existe, ha sido puesta de manifiesto por mis abogados tanto en las instancias instructoras como ante la Fiscalía sin que ni siquiera haya sido investigada fehacientemente. Los ejemplos y los episodios son concretos ↓⮛ . . PRIMER CASO: Junio 2024 | La Alcaidesa Siendo diputado en ejercicio, presidente de la Comisión de Interior del Congreso y estando aforado, cuando todavía no tenía la condición de investigado, se filtraron mis correos en bruto y sin expurgo con el Sr. Koldo García relacionados con ofertas inmobiliarias en la costa. El 21 de junio, El Confidencial publicaba: “La UCO investiga correos de Ábalos con ofertas inmobiliarias de lujo en la playa”. Al día siguiente, 22 de junio, El Mundo publicó información sobre la vivienda de La Alcaidesa, con el titular: “Ábalos admite que usó el chalé y los impagos, pero niega que sea una comisión”. Tanto mis defensas como yo mismo hemos sostenido en el tiempo una cuestión muy concreta y lo hemos demostrado documentalmente: el inmueble de La Alcaidesa era objeto de un alquiler, no de una compra y llegó a resolverse mediante un acuerdo de desahucio por impago. La información sobre el alquiler, incluida la existencia del contrato de arrendamiento, los pagos efectuados, ya había sido publicada por El Mundo cuatro meses antes de que la UCO elaborara su informe de octubre de 2024. Sin embargo, siempre he sostenido, tanto en sede judicial como parlamentaria, que determinados elementos no se reflejaron fielmente en el mencionado informe y que, en su lugar, se seleccionaron fragmentos de conversaciones sin incorporar datos contextuales que habrían sido relevantes para esclarecer los hechos y, por tanto, pareció buscarse una hipótesis distinta. Las irregularidades son evidentes. Se investigaron mis correos siendo diputado aforado cuando la causa estaba en la Audiencia Nacional. Los aportaron en bruto, sin expurgo, violando el secreto profesional al incluir mensajes con mi abogado que acabaron publicados el 24 de octubre en El Cierre Digital con el titular: “Los correos del caso Koldo: Así actuó Ábalos y su clan para atacar a El Cierre Digital”. Una indefensión absoluta. No estoy diciendo que una publicación periodística pruebe por sí misma una actuación ilícita de los investigadores. Estoy señalando una cuestión que debió investigarse entonces y, si no se hizo, debería aclararse ahora: qué información estaba en poder de quién, cuándo y cómo llegó a los medios. . . SEGUNDO CASO: Mayo 2024 | Los correos en bruto remitidos al Juzgado Hay además una circunstancia temporal especialmente relevante. Según se desprende de los hechos, numerosos correos electrónicos fueron remitidos en bruto al juzgado, donde ya aparece mi dirección de correo personal (Informe de la UCO del 28/05/2024) justo a penas dos días antes de que la Fiscalía Europea, que inició su investigación el 4 de marzo, reclamara el 30 de mayo asumir la competencia de toda la causa. El mismo 28 de mayo ya había contenidos publicados: El Español titulaba que yo recibía correos de Koldo en mi ‘mail’ personal avalando a la empresa clave (aporta incluso imágenes de las comunicaciones), mientras que El Mundo afirmaba que la Guardia Civil sostenía que yo conocía los contratos de mascarillas adjudicados a través de mi dirección de correo. La pregunta es evidente: si esos correos ya estaban bajo custodia de los investigadores, ¿por qué fueron remitidos en bruto al juzgado y por qué acabaron inmediatamente después en los medios? ¿Quién decidió remitir esos correos? ¿Quién tuvo acceso a ellos? ¿Quién pudo conocer su contenido? ¿Quién los hizo llegar a los medios, si efectivamente procedían de la investigación? ¿Y por qué aparecieron publicados con esa rapidez? Di un paso al frente: en julio de 2024 mi defensa denunció ante la Fiscalía General del Estado (presidida por D. Álvaro García Ortiz) una flagrante REVELACIÓN DE SECRETOS y FILTRACIONES que presenté en un anexo de 92 páginas de pruebas. Ampliamos la denuncia en septiembre ante el Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid con 58 páginas más. A pesar de las pruebas presentadas, el juzgado acabó archivando la causa bajo dos pretextos: que los periodistas entrevistados rechazaron revelar sus fuentes y que, por “razones obvias”, no procedía citar a los agentes de la UCO al ser yo el objeto de su investigación. Un argumento contradictorio e improcedente, puesto que en esa fecha yo NO estaba formalmente investigado en la causa y, además, mantenía mi aforamiento como diputado. Esto último puede ser una de las razones por las que me niegan reiteradamente la devolución de mis dispositivos incautados y cualquier información sobre la apertura de los mismos. 24/07/2024 - @laSextaTV +•➤ https://t.co/Inw1b7jQTa 13/01/2025 - @europapress +•➤ https://t.co/JAEMHbLQOb El Estado de derecho exige que los procesos judiciales sean limpios, respeten la intimidad y la presunción de inocencia que, en mi caso, ha sido violentada permanentemente. A pesar de ello, he seguido defendiéndolo. . . TERCER CASO: Diciembre de 2024 | El local de València Este episodio presenta una cronología todavía más llamativa. El informe de la UCO de 17 de marzo de 2025, número de salida EA0019663s25N0001982, recoge en sus páginas 17 y 18 una imagen localizada en un ordenador intervenido a D. Víctor de Aldama, relacionada con la adquisición de un bajo comercial situado en mi domicilio particular de València. Pero esa misma imagen ya había sido publicada tres meses antes. El 20 de diciembre de 2024, El Español publicó una información con el titular: “Ábalos compró un local con dinero que le dio Aldama tres días después de facilitar el pelotazo de las mascarillas”, reproduciendo precisamente esa imagen. Es decir: ➷ 20 de diciembre de 2024: aparece la imagen en prensa. ➷ 17 de marzo de 2025: la misma imagen aparece referenciada en un informe de la UCO. Tres meses de diferencia. La cuestión que corresponde esclarecer es muy sencilla: ¿cómo llegó esa imagen a la prensa antes de que apareciera incorporada al posterior informe de la UCO? Y, sobre todo, ¿quién proporcionó esa información? Son preguntas legítimas que, precisamente por su relevancia, merecen una respuesta basada en documentos y no en especulaciones. . . CUARTO CASO: Febrero de 2025 | Chimbote, Perú En febrero de 2025 aparece otro episodio: se trata de un Centro Social en #Chimbote, #Perú. El digital El Debate publica el 17 de febrero que tengo a mi nombre un inmueble en Perú; el 18 de febrero publica una descripción del inmueble como una “mansión”; y el 20 de febrero publica nuevas informaciones coincidiendo con mi declaración ante el Tribunal Supremo. Como he reiterado en varias ocasiones y en diferentes instancias y espacios, parte de la información publicada procedía de archivos, reconocidos por mí, contenidos en un disco duro extraíble de mi propiedad, archivos que posteriormente aparecen identificados en el informe de la UCO de 17 de marzo de 2025, bajo la carpeta “Centro Perú” y la subcarpeta “Ocupación mayo-junio 2019”. Desde el principio he sostenido que estos documentos demuestran dos hechos clave: la situación de los terrenos de Chimbote y la verdad sobre D. Segundo Valle Cortez, vinculado a la ocupación ilegal del Centro Social construido por la Fundación Fiadelso en dicha ciudad. A pesar de la campaña de difamación mediática que ha lanzado contra mí en televisión (y su eco en redes sociales, impulsado y viralizado principalmente por El Debate y sus periodistas), cabe recordar que es el propio Valle Cortez quien cuenta con una condena firme de la justicia peruana por la ocupación ilegal de dicho inmueble. De nuevo, la cuestión no es la existencia de una noticia. La cuestión es cómo llegó a un medio de comunicación información contenida en material intervenido durante la investigación, antes de que esos elementos fueran posteriormente identificados y descritos en un informe de la UCO. De nuevo, esta puede ser una razón más por la que se niegan a devolverme los dispositivos que me han incautado. . . Son cuatro ejemplos, pero hay más. Podría hablar asimismo del serial de 41 artículos publicados por El Español entre febrero y mayo de 2026, en plena celebración del juicio en el Tribunal Supremo; o de la filtración de mis informes médicos en la antesala de la Vista Preliminar del Caso Mascarillas, celebrada en febrero de este año. O también de cómo The Objective sacó a la luz el vídeo del Comité Federal del PSOE del 1 de octubre de 2016, una grabación de la que solo poseíamos una copia el presidente del Gobierno y yo mismo, que la almacenaba en un dispositivo que la UCO me incautó en mi registro domiciliario en junio de 2025. Durante la investigación del ‘Caso Delorme’ / ‘Caso Mascarillas’ también se difundieron datos personales, comunicaciones privadas y elementos de actuaciones que, según he denunciado, terminaron condicionando públicamente la percepción de la causa. Un informe de la UCO de octubre de 2024 llegó incluso a incorporar mi número de teléfono personal que luego fue utilizado para agregarme en grupos de Whatsapp desde números desconocidos, recibir llamadas anónimas de acoso a horas intempestivas o mensajes de odio y amenazas incluso de muerte. Y hay una pregunta que lo atraviesa todo: ¿Quién filtraba? ¿Qué información tenía? ¿Cómo la obtenía? ¿Quién se la proporcionaba? No han sido simples filtraciones ni tampoco inocuas. Han sido piezas de una maquinaria para construir un relato incriminatorio y de culpabilidad anticipada para condicionar la opinión pública, perturbar el procedimiento judicial y forzar una condena. Todo ello sucedió, en gran parte, mientras aún era diputado aforado, presidente de la Comisión de Interior del Congreso y antes de ser formalmente imputado. El daño no fue solo judicial; comprometieron derechos fundamentales: la presunción de inocencia, la intimidad, el honor, el secreto de las comunicaciones y la seguridad, no solo mía, también de mi entorno personal y familiar. El Sr. Leonardo Marcos habló ante la Audiencia Nacional de una “cultura de la filtración” en la Guardia Civil. No pido que se crea mi versión. Pido que se investigue. Porque una investigación penal no puede tener una segunda vía de transmisión: los medios de comunicación. La justicia no puede hacerse en los titulares. Si hubo filtraciones, que se determine su origen. Y si hubo responsabilidades, que se depuren. Esto no es pedir un privilegio. Es pedir garantías, es pedir imparcialidad y es pedir justicia.

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